El perseguidor de Villanueva; colaborador del narco
De la DEA había llegado apenas, hace unos días, la noticia de que la SIEDO (la oficina antinarco adscrita a la PGR) tenía años infiltrada por el cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y de que los hermanos Beltrán Leyva, sinaloenses como aquél, controlaban a algunos de los mandos más altos de dicha subprocuraduría durante el largo tiempo en que pertenecieron a la cúpula de esa organización. Testigos protegidos de la agencia americana revelaron que en ese entonces decenas de ministerios públicos adscritos a la SIEDO, agentes investigadores y funcionarios del más alto nivel, como el coordinador técnico y el director general adjunto de Inteligencia, tenían ingresos mensuales pagados por la mafia sinaloense que en lo casos más destacados alcanzaban cifras cercanas al medio millón de dólares. En el tiempo referido por la información de la DEA, el titular de la SIEDO era José Luis Santiago Vasconcelos, muerto en el accidente aéreo donde pereció además el secretario de Gobernación, y al dejar el cargo en manos de Noé Ramírez Mandujano –su segundo de abordo y hombre de sus mayores confianzas- para ocuparse de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, todo el aparato antidrogas, la integración de expedientes y las relaciones exteriores de la fiscalía federal mexicana quedaban bajo su control.
Nadie disponía de mayor conocimiento y capacidad de maniobra frente a la delincuencia organizada que él. Nadie influía más en la orientación de las investigaciones y las consignaciones de los ministerios públicos, ni tenía más facultades para negociar de manera oficial con capos, sicarios y empleados del hampa –verdaderos o inventados- condiciones favorables de testigos protegidos a cambio de declaraciones incriminatorias –verdaderas o inventadas- en contra de otros sujetos perseguidos por la presunta comisión de delitos federales. Nadie contaba con más atribuciones y recursos para construir un delincuente y procesarlo, ni para usar la procuración de justicia en favor de sus propias causas o de las del poder presidencial en turno. Él inducía nociones y decisiones. En la opinión pública nadie sabía a ciencia cierta lo que pasaba con el narco, y las aproximaciones mediáticas de apariencia menos especulativa se sustentaban en fuentes oficiales de la SIEDO, es decir, en lo que a él le interesaba que se difundiera. Y a partir de ese mismo criterio él informaba, asesoraba o manipulaba las decisiones de sus jefes, primero del PRI, después del PAN. Nadie tampoco, por cierto, era tan temido en el poder político en aquellas entidades donde pululan las mafias. Sus expedientes podían contener referencias incriminatorias de cualquiera. Sus investigaciones podían incluir testimoniales delictivos de la peor procedencia más con el fin de intimidar que de averiguar. Su movilidad política era más eficaz que su pericia institucional. Santiago Vasconcelos recordaba a aquellos policías de la vieja guardia del Estado priísta más hechos para servir al poder que a la verdad, más puestos para el medro que para el ejercicio de la ley, más prepotentes y sobrados que implacables con el delito.
La cacería de Villanueva, empresa personal
Sirvió al presidente Zedillo, por ejemplo, para escarmentar al exgobernador quintanarroense Mario Villanueva, a quien fincó acusaciones de narcotráfico negociadas con testigos protegidos que un juez federal determinó como infundadas y por lo cual declaró inocente al exgobernador. Zedillo ya no era presidente, Villanueva llevaba más de seis años en el penal de máxima seguridad de La Palma y en los Estados Unidos se requería su extradición para ser juzgado por los mismos cargos de los que se le absolvió en México, lo cual es del todo irregular y violatorio de los derechos humanos de acuerdo con el derecho internacional. (Eran los mismos cargos: el expediente americano para la extradición fue armado con las versiones de testigos protegidos de la SIEDO y Santiago Vasconcelos fue a Washington a acelerar el trámite de la demanda de traslado.)
El todopoderoso subprocurador dijo que el asunto de Villanueva le concernía “de manera personal”, la PGR apeló la sentencia absolutoria, y un segundo juez dictaminó que todas las pruebas que su colega había declarado improcedentes eran ahora inculpatorias por completo. Villanueva, a su vez, se amparó contra la sentencia que ordenaba su traslado de nueva cuenta al penal de La Palma -de donde lo habían sacado para meterlo al Reclusorio Oriente mientras se resolvía el caso de la extradición-, y en esa parada de su compleja situación judicial estaba, cuando sobrevino el desplome de su perseguidor policiaco, quien se prometía enterrarlo vivo en una prisión americana, con más coraje y más meticuloso apasionamiento que los del inspector Javert contra Jean Valjean en Los miserables
Otros artículos recientes en la sección Nacionales
